Al menos 73 opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, siguen en las cárceles de ese país, incluidos 22 adultos mayores, denunció este lunes (01.09.2025) el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
En Nicaragua hay actualmente 73 personas detenidas por motivaciones políticas, de las cuales 33 permanecen en condición de desaparición forzada, indicó en un informe ese mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“La desaparición forzada se ha consolidado como una práctica sistemática del régimen Ortega-Murillo, utilizada como estrategia de control social y de represión política”, advirtió.
De esas 73 personas privadas de libertad por razones políticas, 14 son mujeres y 59 hombres (incluyendo 10 detenidos antes de la crisis de 2018), anotó ese organismo.
Escalada represiva en julio y agosto
Asimismo, ese mecanismo señaló que durante julio y agosto Nicaragua vivió una escalada represiva que combinó redadas masivas, hostigamiento policial, detenciones arbitrarias y confiscaciones de instituciones sociales y educativas.
Julio, mes en que el Gobierno celebra el aniversario de la revolución sandinista, estuvo acompañado de mayor vigilancia, hostigamiento y amenazas directas contra la ciudadanía, de acuerdo con el informe.
En agosto, la represión se profundizó con redadas en diferentes departamentos (provincias), siendo Carazo (particularmente la ciudad de Jinotepe) el más afectado, apuntó ese organismo.
“Allí se registraron al menos 30 detenciones arbitrarias, posteriores al anuncio de confiscación del Colegio San José, hecho que provocó conmoción en la comunidad”, anotó.
En total, entre julio y agosto se documentaron 52 detenciones arbitrarias, de las cuales 11 personas fueron liberadas y 19 se integraron a la lista oficial de presas políticas, elevando el número total a 73 personas reconocidas por el Mecanismo.
El perfil de la mayoría corresponde a liderazgos comunitarios y personas con alta estima social en sus barrios, lo que refuerza la estrategia del régimen de desarticular la organización social y quebrar los lazos de confianza comunitaria, de acuerdo con el informe.