La Corte Superior Nacional de Justicia de Perú ordenó el lunes (01.09.2025) que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) vaya a juicio por presunto lavado de dinero al supuestamente haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht encubiertos en forma de consultorías mientras era ministro del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).
El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso que el caso pase a la etapa de juicio y que Kuczynski sea formalmente acusado por presunto lavado de activos tras dictaminar el fin de la investigación que ha desarrollado la Fiscalía desde diciembre de 2017.
Kuczynski, de 86 años, continúa sin poder salir del país tras haber pasado tres años bajo arresto domiciliario en su vivienda en Lima, alejado de su esposa, la estadounidense Nancy Lange.
El caso se inició al conocerse que Kuczynski pudo haber recibido sobornos bajo la fachada de consultorías realizadas a Odebrecht por la empresa Westfield Capital que compartía con su socio, el chileno Gerardo Sepúlveda, en momentos donde PPK era ministro de Toledo, quien ha sido condenado por recibido sobornos de Odebrecht.
La Fiscalía solicita una condena de 35 años de prisión para Kuczynski y para Sepúlveda, así como una reparación civil que alcanza casi 46,7 millones de dólares. En caso de ser condenado, Kuczynski evitaría la cárcel por su avanzada edad.
El tribunal añadió que este proceso también involucra a las empresas Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, Dorado Asset Management Limitada y Latín American Enterprise Managers, “que enfrentarán juicio junto al expresidente de la República”.
El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez argumenta que el expresidente, en su etapa como ministro y primer ministro (2002-2006), conformó una supuesta organización criminal que recibió más de 12 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, a través de empresas encubiertas sobre proyectos de infraestructura e irrigación.
También es investigado por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, falsa declaración y fraude procesal, después de que cinco ciudadanos negaran, a fines de 2018, haber entregado aportes económicos a su campaña de 2016 conforme figura en las declaraciones de la organización política.