El gobierno de Panamá informó el miércoles (09.04.2025) que recibió “confirmación formal” de la suspensión de dos arbitrajes internacionales de la canadiense First Quantum Minerals y su filial Minera Panamá contra el Estado, por la inhabilitación de una gran mina de cobre, la mayor de Centroamérica.
El Ministerio de Comercio e Industria (Mici) indicó que el martes recibió la confirmación de la suspensión de los arbitrajes, sin informar cuándo se iniciarán los contactos con la empresa minera.
“First Quantum Minerals, Ltd. suspendió el arbitraje contra el Estado panameño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), mientras que su filial, Minera Panamá, S.A. desistió del arbitraje presentado contra la República de Panamá ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI)”, indicó el Mici sin más detalles.
Minera Panamá anunció el mes pasado que suspendería los arbitrajes contra Panamá, para abrir un diálogo con el gobierno sobre el futuro de la gran mina de cobre de 10.000 millones de dólares que explotaba hasta noviembre de 2023, cuando fue inhabilitada por orden judicial.
La suspensión “inmediata” de los arbitrajes es una de las condiciones establecidas por el presidente panameño, José Raúl Mulino (2024-2029), para iniciar “conversaciones formales” sobre la mina a cielo abierto Cobre Panamá, la más grande de la región centroamericana.
Según Mulino, el Estado panameño enfrenta “6 o 7 arbitrajes internacionales (…) que suman decenas de miles de millones de dólares en pretensiones por daños y perjuicios” por el cierre de la mina. Ninguna fuente, ni oficial ni de la empresa, ha dado una cifra concreta del monto que involucran estos procesos.
El yacimiento de cobre cuenta con unas reservas probadas y probables de 3.000 millones de toneladas y una capacidad de producción de más de 300.000 toneladas del mineral al año junto con oro, plata y molibdeno, según datos de la empresa, que cifra en alrededor de 10.000 millones de dólares la inversión para construcción.
La mina, que tenía una nómina de alrededor de 7.000 trabajadores y un impacto en cerca de 40.000 empleos indirectos, fue inhabilitada por un fallo en noviembre de 2023 de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que determinó que el contrato de concesión violaba 25 artículos constitucionales.