La diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, propuso una iniciativa de reforma al artículo 4° de la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado de San Luis Potosí, para precisar y delimitar jurídicamente las modalidades y alcances de la violencia en los entornos escolares y evitar vacíos normativos que obstaculicen su adecuada prevención, atención, sanción y erradicación.
En su exposición de motivos, la legisladora señala que la violencia en dichos entornos, constituye una de las problemáticas más graves que afectan actualmente a niñas, niños y adolescentes, debido a las consecuencias físicas, psicológicas, emocionales, sociales y académicas que generan en quienes las padecen.
Por ello, propone incorporar la definición de ciberacoso y otras formas de violencia digital, entendida como toda conducta de acoso, hostigamiento, intimidación o agresión psicoemocional realizada mediante Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Comprende cualquier comportamiento reiterado que, a través de redes sociales, plataformas de mensajería, aplicaciones móviles, servicios de almacenamiento digital, blogs, foros, videojuegos en línea, páginas web, correo electrónico u otros medios tecnológicos, tenga por objeto atemorizar, humillar, denigrar, dañar la reputación o vulnerar la integridad de una persona integrante de la comunidad educativa.
Incluye también aspectos como maltrato colectivo o grupal; maltrato físico directo; maltrato físico indirecto; maltrato institucional; y maltrato por omisión de auxilio; e incorpora las definiciones de los diversos tipos de violencia, entre las que se encuentran: violencia de género, psicosocial, revictimizante, sexual, relacionada a armas y objetos peligrosos, o vinculadas con sustancias ilícitas, entre otras.
La proponente asegura que estas conductas no pueden seguir considerándose conflictos menores o situaciones aisladas propias de la convivencia escolar, pues representan formas de agresión sistemática que vulneran la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a una educación en condiciones de seguridad, igualdad y bienestar.
Por lo que resulta indispensable actualizar el marco jurídico existente en virtud de las nuevas formas de agresión que actualmente afectan la convivencia escolar y vulneran gravemente los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, incorporando definiciones y modalidades específicas que permitan atender los nuevos retos en el entorno escolar.
La iniciativa fue turnada al estudio de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su dictamen.