A través de un comunicado, el INE informó de la presentación del recurso en contra de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral y solicitó la suspensión de la aplicación de la reforma en tanto la Suprema Corte resuelve de fondo el asunto.
La controversia constitucional interpuesta por el INE está justificada en cuatro ejes: la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión; la vulneración a la autonomía e independencia del Instituto por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo; la vulneración a las condiciones de equidad y de otros principios que deben regir las contiendas electorales y la afectación inconstitucional de los derechos laborales del personal del INE que provoca dicha reforma, pues elimina hasta el 85 por ciento del Servicio Profesional de Electoral.
El 1 de febrero, el INE presentó la primera controversia constitucional en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022, y fueron admitidas a trámite por el ministro Alberto Pérez Dayán.
El árbitro electoral aseguró tener “plena confianza en que con el análisis constitucional que realizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación se restaurará el orden constitucional, al determinar la invalidez de la reforma”.
