Una fuerte ola de indignación ha levantado la decisión del alcalde Enrique Galindo Ceballos de invitar a la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo como figura central de las conmemoraciones por el 8 de marzo (8M). Colectivos feministas y organizaciones civiles potosinas alzaron la voz para repudiar la presencia de la política europea, a quien califican como una “pseudoactivista” cuyas posturas atentan contra los derechos de las mujeres.
“Persona Non Grata”: El rechazo de las colectivas
Agrupaciones como Colectiva ILE y Praxis Combativa anunciaron que declararán simbólicamente a Álvarez de Toledo como “Persona Non Grata”. Las activistas denunciaron que es una contradicción alarmante que, en un estado marcado por la violencia de género y feminicidios, el Gobierno Municipal utilice recursos públicos para traer a una figura que:
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Ha negado el machismo como un problema estructural.
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Cuestiona el derecho a la interrupción legal del embarazo.
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Se opone a diversas políticas de inclusión y paridad.
Indiferencia y opacidad en el Ayuntamiento
La crítica no se limitó a la invitada, sino que escaló directamente contra el alcalde Enrique Galindo. Los colectivos señalaron la insensibilidad del edil ante el contexto de inseguridad que viven las mujeres en la capital, acusándolo de priorizar eventos de “lucimiento personal” por encima de una agenda real de justicia social.
Asimismo, han surgido fuertes señalamientos ciudadanos que vinculan esta invitación con los constantes viajes del alcalde a España. Se especula que la presencia de la diputada podría ser parte de un intercambio de favores políticos o económicos, derivados de presuntos negocios irregulares que el edil mantendría en el país ibérico.
Anuncian movilizaciones
Las organizaciones adelantaron que no permitirán que el evento pase desapercibido y confirmaron manifestaciones el día de la conferencia. Exigieron al Ayuntamiento una rendición de cuentas clara sobre el costo de traer a la política española y demandaron que el presupuesto se destine a políticas públicas que realmente protejan a las potosinas.
“No es censura, es dignidad. No permitiremos que se use el dinero de las mujeres para financiar discursos que nos violentan”, sentenciaron las representantes de las colectivas.
