El fiscal general de El Salvador dijo este jueves (14.08.2025) que se prevé la realización de unos 600 juicios colectivos para procesar a miles de presuntos pandilleros detenidos bajo el régimen de excepción vigente en el país desde marzo de 2022.
El gobierno del presidente Nayib Bukele combate a las pandillas mediante este régimen que permite arrestos sin orden judicial y bajo el cual ha encarcelado a decenas de miles de sospechosos de pertenecer a estas temidas bandas.
“Un aproximado de 300 fiscales van a ser los encargados de exponer las pruebas ante los tribunales competentes de los aproximadamente 600 juicios [colectivos] que se deben iniciar”, dijo el fiscal general, Rodolfo Delgado, ante una comisión del Congreso.
Explicó que para estos procesos colectivos los inculpados serán agrupados por la pandilla a la que pertenecían, el lugar donde operaban o su vinculación con los delitos investigados.
El fiscal reconoció que los juicios colectivos tomarán tiempo, por la cantidad de involucrados en cada uno. “Tiene que pasar un tiempo bastante considerable para que un juez resuelva”, expresó.
Delgado no dio detalles sobre la fecha de inicio de estos juicios colectivos, ni de los delitos imputables a los reos.
En El Salvador, la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) alberga unos 15.000 reclusos acusados de pertenecer a las violentas pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
El fiscal general comparecía ante la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia del parlamento para dar su opinión sobre unas reformas a la ley contra el crimen organizado.
“Dictamen favorable” a las reformas
Los diputados de la comisión dieron este jueves su “dictamen favorable” a las reformas, entre ellas dar a la Fiscalía dos años adicionales de plazo, con la posibilidad de un tercero, para presentar las acusaciones contra los presuntos pandilleros.
Se da por descontado que la reforma será aprobada el viernes por el plenario del Congreso, afín a Bukele, días antes de que expire la vigencia de un decreto que, en agosto de 2023, dio dos años de plazo a la Fiscalía para presentar estas acusaciones.
Delgado aclaró que la reforma está “diseñada” para “ser aplicada” a miembros de pandillas u otras organizaciones criminales “nativas o extranjeras”, pero “no” para otros acusados.
Para la abogada y defensora de derechos humanos Ingrid Escobar, en los juicios masivos “van a pagar justos por pecadores”.
“¿Qué vamos a ver ahí? Que se va a condenar incluso a personas muertas”, dijo a la AFP Escobar, directora de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, que ha denunciado que hay “miles de inocentes” presos bajo el régimen de excepción.
Desde marzo de 2022 han sido detenidos unos 88.000 presuntos pandilleros, aunque unos 8.000 han sido liberados bajo presunción de inocencia, según el presidente Bukele.