El asalto a la revista colombiana Semana por parte de manifestantes indígenas que apoyan al Gobierno de Gustavo Petro, el pasado viernes (29.09.2023), ha desatado la condena de organizaciones y periodistas que tildan el incidente como un ataque a la libertad de prensa.
Expertos y analistas consultados apuntan además a un clima de confrontación y estigmatización de los medios, fruto de la polarización política que vive Colombia.
Discursos de odio que se retroalimentan
Entidades de defensa de los periodistas califican lo ocurrido en Bogotá como la ratificación del deterioro de la libertad de prensa en el país.
“Una cosa es expresarse libremente y otra ejercer violencia y pretender acallar el libre ejercicio del periodismo”, dice a DW Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Para algunos analistas, el ataque responde a un ciclo de violencia que nace en los discursos de odio de la actual esfera política. Así lo ve Mario Fernando Guerrero, investigador de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien considera la toma por la fuerza de las instalaciones de Semana como la prueba de un ascenso del conflicto violento en Colombia -ahora extendido a los ámbitos más sociales y públicos-, debido a “la retórica de enemigos y de odio entre dos polos políticos”, indica a DW.
Por un lado, se encuentra la “ultraderecha” populista, que moviliza un discurso antagónico al acuerdo de paz de 2016 y de odio contra representantes de la izquierda política, recalca, y que encuentra refugio en algunos medios como Semana.
Por otro, está la “izquierda progresista populista” del actual presidente Gustavo Petro, dice, con un discurso de cambio, pero sustentado en la movilización de bases populares, y también antagonista contra el orden político tradicional.
“Esto ha mostrado e impulsado una abierta confrontación social que se transmite a sus seguidores y se ve reflejado en el ataque a Semana“, agrega.
Para Reporteros Sin Fronteras (RSF), este ambiente polarizado se ha gestado durante décadas, si bien ha aumentado durante el proceso y plebiscito por la paz, y durante el mandato ahora de Petro.
“Estas tensiones se han manifestado en debates sobre la ética periodística, incluyendo temas como las fuentes de información, las narrativas utilizadas, el manejo del sensacionalismo y la interpretación de la realidad”, dice a DW Artur Romeu, director de la Oficina de RSF en América Latina.
Gobernantes, en el punto de mira
Gustavo Petro comunicó en su cuenta de X (antes Twitter) que rechazaba la violencia sobre cualquier medio de comunicación. Pero, para las organizaciones de defensa de los periodistas, esto no es suficiente.
Sobre todo, si después se toman posturas estigmatizantes hacia los medios, especialmente en mitad de un clima en el que “grupos armados ilegales presionan, amenazan, asesinan a periodistas, promoviendo así la autocensura”, recalca Jornet desde la SIP.
Desde la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) abogan porque los gobernantes “extremen sus responsabilidades en sus mensajes”, con tal de no alentar la espiral de violencia.
“El presidente Petro está a tiempo de demostrar con hechos, no sólo con palabras, que comprende la importancia que tiene para la consolidación democrática una prensa libre y el pleno respeto a la libertad de informar y ser informado”, indica Jornet a DW.
“Megáfonos de propaganda política”, riesgo para colegas
Guerrero, que también es líder de un grupo de investigación sobre comunicación, educación, tecnologías de la información y conflictos contemporáneos, subraya que el ejercicio del periodismo en Colombia tiene un “imperativo moral” mayor, que le obliga de ejercer adecuadamente el oficio, puesto que “las palabras matan”, y cualquier estigmatización o acusación falsa puede acarrear agresiones directas.
“Desafortunadamente, algunos medios de comunicación han abandonado su oficio, prestándose como megáfonos de propaganda política y de odio, convirtiéndose en agentes políticos y del conflicto, poniendo en grave riesgo a los periodistas -la mayoría- que sí realizan el ejercicio periodístico responsable y de calidad”, sostiene Guerrero.
El académico también apunta a los grandes conglomerados económicos que controlan la esfera mediática en el país, los cuales han “deformado el periodismo”. Es el caso de Semana, que durante dos décadas fue un medio independiente y, tras su adquisición por el grupo empresarial Gilinski, en 2019, reorientó su contenido hacia una ideología de ultraderecha, convirtiéndose en una “tribuna de ataque al actual gobierno”, explica Guerrero.
Los ataques a la libertad de prensa en la región
Según Romeu, de RSF, la violencia estructural e histórica contra la prensa en Colombia se refleja en los discursos agresivos contra los medios, una tendencia evidente en varios países de América Latina, y a lo que sin duda han contribuido las redes sociales y otras prácticas intimidatorias.
Desde la SIP, también indican que el clima de polarización ha contribuido a una grave fractura social, como la ocurrido en Venezuela, Nicaragua o El Salvador. En opinión de Guerrero, el caso de Colombia es más bien similar al de Méxicoy Ecuador, países que sufren quiebres del orden democrático debido, principalmente, a la presencia del narcotráfico.
Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), Colombia ocupa el puesto 139 de un total de 180 países en libertad de prensa. El organismo destaca que el país sigue siendo una de las regiones más peligrosas del continente para los periodistas, con acoso, intimidación y violencia sistemática hacia los profesionales de la comunicación por parte de políticos, empresas, grupos armados y mafias.