El reciente veto ejercido por el Ejecutivo Estatal a la reforma electoral que pretendía obligar a los partidos a postular exclusivamente mujeres para la gubernatura en 2027, no fue un acto de retroceso, sino una acción para garantizar la estabilidad jurídica del próximo proceso, afirmó J. Guadalupe Torres Sánchez, Secretario General de Gobierno.
Protección contra la inconstitucionalidad
El funcionario explicó que la decisión de frenar esta iniciativa responde a riesgos técnicos de gran calado. Según Torres Sánchez, la reforma vulneraba el derecho humano a ser votado y trasgredía la autodeterminación y autoorganización de los institutos políticos, lo que habría derivado en una “elección judicializada” incluso antes de su arranque.
“Cuando una elección se judicializa antes de empezar, pierde la democracia y gana el caos”, advirtió el Secretario, subrayando que el veto evita que el proceso electoral termine estancado en tribunales por posibles controversias constitucionales.
Descarte de “leyes a modo”
Torres Sánchez fue enfático al señalar que con esta acción se desvanecen las versiones que sugerían la creación de leyes con dedicatoria personal. “Aquí no hacen falta trajes a modo, porque hay hombres y mujeres de sobra, con capacidad real para competir y ganar”, sentenció, enviando un mensaje de apertura competitiva para ambos géneros.
Sintonía con la postura federal
Un punto clave en el análisis de esta decisión fue la coincidencia con la visión de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El Secretario de Gobierno confirmó que se valoró y respetó la opinión de la mandataria federal, quien previamente había señalado la necesidad de revisar la constitucionalidad de dicha medida.
Esta alineación entre el Estado y la Federación refuerza la tesis de que la prioridad es la certeza jurídica por encima de reformas que, aunque buscan saldar deudas históricas con las mujeres, podrían estar “mal amarradas” legalmente.
Contexto: ¿Cómo funciona el veto en San Luis Potosí?
El veto es una facultad constitucional que permite al Gobernador devolver al Congreso una ley o reforma aprobada para que sea revisada nuevamente. Este mecanismo sirve como un contrapeso para asegurar que las normas cumplan con la viabilidad jurídica y presupuestal.
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Observaciones: El Ejecutivo envía sus objeciones al Legislativo explicando por qué la ley no debe publicarse.
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Análisis legislativo: El Congreso recibe el veto y debe turnarlo de nuevo a comisiones.
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Votación calificada: Para que el Congreso pueda “vencer” el veto del Gobernador y obligar a la publicación de la ley original, requiere generalmente de una mayoría calificada (dos terceras partes de los diputados).
Gobernabilidad como prioridad
Para el Gobierno del Estado, el mensaje político es claro: se reconoce la importancia de la participación femenina, pero no a costa de la gobernabilidad. La administración estatal concluyó que era preferible “frenar hoy que incendiar la elección mañana”, priorizando un marco legal sólido que brinde garantías a todos los actores políticos y a la ciudadanía potosina para el 2027.