Cientos de seguidores de Evo Morales cortaron este martes (15.10.2024) las vías de comunicación del departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia, en el segundo día de bloqueos contra el probable arresto del expresidente por el presunto abuso de una menor durante su mandato.
El dirigente campesino Humberto Claros denunció a la AFP que el gobierno está detrás de “la grave persecución política judicial” contra el exmandatario, quien según fuentes de su partido está resguardado en la provincia cocalera de Chapare, en Chochabamba. Es una “grosería” lo que se “está haciendo contra el hermano Evo Morales (…) es un proceso absolutamente montado, ensañado, planificado a oscuras”.
En Parotani, un poblado en la ruta entre Cochabamba y La Paz, se registraron por segundo día enfrentamientos entre manifestantes y las autoridades. Los manifestantes lanzaron piedras, petardos e hicieron fogatas. La policía respondió con gases lacrimógenos, pero no logró desbloquear la carretera.
Morales, el primer indígena que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, está siendo investigado por los delitos “estupro, trata y tráfico de personas”. Morales rehusó el jueves comparecer a la citación del ministerio público. Ante su negativa, la fiscal del caso, caso Sandra Gutiérrez, advirtió que podría emitir una orden de arresto contra el exmandatario. Gutiérrez ya emitió una orden de aprehensión contra Morales a finales de septiembre, pero la justicia anuló su decisión tras una apelación.
El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, anunció que la policía desbloqueará las vías. “Cada punto (de protesta) va a ser intervenido”, advirtió. Del Castillo ha dicho hoy que por ahora no ha recibido una orden de arresto contra Morales. “A la Policía Boliviana no ha llegado ningún mandamiento de aprehensión”, dijo Del Castillo a los medios en La Paz y también afirmó que si ese documento llega a las fuerzas del orden, lo tendrán que cumplir según lo dispuesto en las normas vigentes en el país sin “cuestionar si esa orden es buena o mala”.
Morales ha sido también citado a declarar como testigo el próximo 21 de octubre por la muerte de civiles durante la crisis de 2019, año en el que renunció y denunció ser víctima de un “golpe de Estado”, un juicio en el que la exmandataria interina Jeanine Áñez (2019-2020) es la principal acusada