Adrián de la Garza es señalado en documentos oficiales por presunta colusión, abusos y contratos irregulares.
Adrián de la Garza se ha convertido en una de las figuras políticas más controvertidas de Nuevo León debido a una serie de señalamientos documentados por el medio NarcoPolíticos, que lo vinculan presuntamente con organizaciones criminales, prácticas de tortura sistemática y el uso irregular de recursos públicos. Las acusaciones se apoyan en documentos oficiales, recomendaciones de derechos humanos y reportes de autoridades extranjeras.
La relevancia del caso no solo radica en el personaje político, sino en el contexto histórico en el que se desarrollaron los hechos, marcado por la guerra entre cárteles y la debilidad institucional en materia de seguridad y justicia. NarcoPolíticos sostiene que este entramado explica la persistencia de las acusaciones a lo largo de más de una década.
Los documentos militares y las narconóminas
De acuerdo con NarcoPolíticos, Adrián de la Garza aparece mencionado en “narconóminas” recuperadas por el Ejército mexicano tras enfrentamientos con Los Zetas en Nuevo León. Estos documentos registraban presuntos pagos realizados por el grupo criminal a funcionarios de seguridad del estado.
Las libretas con estos registros fueron enviadas a la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León para su investigación, cuando Adrián de la Garza ocupaba un cargo directivo dentro de la institución. Según el medio, esta situación generó un conflicto de interés al quedar las indagatorias en manos de funcionarios señalados en los mismos documentos.
NarcoPolíticos subraya que no se ejercieron acciones penales derivadas de estos hallazgos, y que los funcionarios mencionados continuaron su carrera dentro de las estructuras de seguridad, consolidando redes de poder que se mantienen hasta hoy.
Ascenso institucional y control de seguridad
Adrián de la Garza inició su trayectoria en la Procuraduría de Nuevo León a principios de los años dos mil, ascendiendo de secretario particular a procurador general en un periodo relativamente corto. Durante ese proceso, construyó un grupo de colaboradores que ocuparon posiciones estratégicas en áreas de seguridad y justicia.
Según NarcoPolíticos, esta continuidad explica por qué los señalamientos no se tradujeron en investigaciones independientes, ya que las mismas personas rotaban entre cargos clave. El control institucional habría sido un factor determinante para la falta de consecuencias legales.
Tortura sistemática documentada
Uno de los capítulos más graves señalados por NarcoPolíticos corresponde a las prácticas de tortura documentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León durante la gestión de Adrián de la Garza como procurador entre 2011 y 2015.
Las recomendaciones oficiales describen patrones repetidos de detenciones arbitrarias, fabricación de pruebas y tortura física y psicológica, con el objetivo de forzar confesiones de presunta pertenencia a Los Zetas o al Cártel del Golfo.
NarcoPolíticos sostiene que estas prácticas no fueron hechos aislados, sino parte de un esquema sistemático tolerado desde la estructura institucional, sin que se sancionara de manera efectiva a los responsables.