Enfermeros del programa “Salud Casa por Casa” acusan abandono administrativo, falta de pagos y presuntas irregularidades financieras bajo la gestión de Guillermo Morales López.
SAN LUIS POTOSÍ, SLP. – Lo que inició como un programa emblemático de atención social se ha convertido en una “pesadilla laboral” para decenas de trabajadores de la Secretaría de Bienestar en San Luis Potosí. Enfermeras y enfermeros adscritos al esquema “Salud Casa por Casa” denunciaron públicamente el impago de hasta once quincenas, situación que los mantiene en la incertidumbre económica a pesar de continuar con sus labores de atención médica en territorio.
Los afectados señalan una desconexión total por parte de la delegación estatal, acusando que, mientras ellos cumplen con las metas de atención a beneficiarios, la dependencia ha sido incapaz de garantizar el derecho básico al salario.
Instalaciones en abandono y negligencia administrativa
La denuncia no se limita al tema salarial. El personal técnico y operativo señaló directamente a Cristian Pérez Rosales por la presunta negligencia en el mantenimiento de las oficinas centrales. Según los testimonios, el edificio administrativo opera en condiciones insalubres:
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Deficiencias básicas: Falta de suministro de agua constante.
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Insalamubridad: Ausencia de servicios de limpieza y mantenimiento preventivo.
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Caos operativo: Incapacidad para resolver trámites internos mínimos a pesar de la alta afluencia de ciudadanos.
Bajo la lupa: Acusaciones de corrupción y desvíos
La gestión del delegado Guillermo Morales López ha quedado marcada por una serie de señalamientos que apuntan a irregularidades financieras de mayor escala. Según el personal inconforme, la ineficiencia en los pagos a trabajadores contrasta con presuntos manejos opacos en programas estratégicos:
“Existe una acumulación de denuncias por irregularidades administrativas y posibles desvíos de recursos en programas como ‘La Escuela es Nuestra’ y ‘La Clínica es Nuestra’. Es un saqueo que se arrastra desde la llegada de esta administración”, declararon representantes de los trabajadores afectados.
Exigencia de justicia laboral
Los denunciantes subrayaron que su exigencia es clara: el pago inmediato e íntegro de los salarios devengados. Advierten que el desamparo hacia los “servidores de la salud” pone en riesgo la operatividad de los programas sociales en el estado, ya que la falta de recursos para transporte y sustento personal hace insostenible la labor de campo.
Hasta el momento, la Delegación de Bienestar en San Luis Potosí no ha emitido un comunicado oficial que aclare el destino de los recursos etiquetados para la nómina de estos brigadistas.