El expresidente de Perú Alejandro Toledo (2001-2006) fue condenado el lunes (21.10.2022) a 20 años y seis meses de prisión, por la comisión de los delitos de colusión y lavado de activos por los sobornos recibidos de la empresa brasileña Odebrecht.
El Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional emitió la sentencia que señala que el exmandatario favoreció a la constructora brasileña en la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, que une Perú y Brasil, entre 2004 y 2005.
Así, la Justicia peruana aceptó plenamente la petición del Ministerio Público e impuso a Toledo nueve años de cárcel por colusión y 11 años y seis meses por lavado de activos.
“En el delito de colusión, el tribunal sostiene que se demostró un rosario de irregularidades, injerencia inusitada y aceleración del proceso de licitación de la referida obra, actos ilícitos vinculados a Toledo Manrique”, indicó el Poder Judical en la red social X.
Pena de prisión inmediata
El fallo afirma que Toledo, de 78 años, “se coludió con particulares interesados como Odebrecht para que, mediante una coima de 35 millones de dólares, se otorgue a la empresa brasileña la licitación de la construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, causando perjuicio al Estado”.
“Todas estas irregularidades constituyen y evidencian una clara concertación entre un funcionario, primera autoridad del Estado, y los privados. Esta conducta defrauda al Estado”, señala.
Además, resalta que el expresidente, para hacerse con el dinero del soborno, “convenció a su amigo Josef Maiman (empresario israelí fallecido) de que fuera su intermediario y reciba, a través de sus empresas creadas, la coima de Odebrecht”.
El juzgado anunció que la pena de prisión es inmediata, por lo que Toledo regresará al penal conocido como Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, donde permanecía desde su extradición desde Estados Unidos, en abril de 2023.
Toledo es el primer expresidente peruano condenado por el megacaso de corrupción de Odebrecht.
El fallo judicial también dictó nueve años de prisión a dos ex funcionarios públicos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), Alberto Pasco-Font y Sergio Bravo, y 14 años al empresario José Castillo Dibós.