• El vocero de Ciudadanos Observando, Guadalupe González señaló que los 4 participaron en la red de corrupción de la Secretaría de Salud
• Su aprehensión demuestra el terrible encubrimiento que se realizó en la Fiscalía, que congeló denuncias por tintes políticos, dijo
• Informó que también se investiga posibles vínculos de negocios entre Gabriel Salazar y el ex diputado local José Luis Romero Calzada
La detención de Gabriel “Gabo” Salazar Soto por el supuesto fraude de 45 millones de pesos en contra de inversionistas de INVERCORP, demuestra que tanto el ex Gobernador Juan Manuel Carreras López como el ex fiscal Federico Garza Herrera lo protegieron, además de que debe abrir la puerta para que también se proceda contra la ex secretaria de Salud Mónica Liliana Rangel Martínez y el ex Mandatario Estatal, afirmó el vocero de la organización Ciudadanos Observando, J. Guadalupe González Covarrubias.
Manifestó que “está perfectamente documentado en trabajos de investigación periodística basados en pruebas y en los resultados de la Auditoría Superior del Estado que concluyen que existe un daño a los recursos públicos en los Servicios de Salud, donde se armó una red de corrupción por medio de empresas fantasmas, con declaraciones de personas que aseguran les fue robada su identidad, porque nunca formaron parte de dichas empresas, que jamás participaron en procesos de compra y tampoco realizaron ningún servicio; sin embargo, se realizaron pagos por más de 400 millones a cuentas de esas fantasmagóricas empresas”.
Precisó que esa red podría alcanzar al ex Mandatario Juan Manuel Carreras, a la ex Secretaria de Salud Mónica Liliana Rangel, a Alejandro Leal Tovías ex Secretario de Gobierno y actual diputado local plurinominal por el PRI y a Gabriel “Gabo” Salazar Soto, autodenominado el “Rey del emprendimiento”.
González Covarrubias explicó que existen denuncias de 2019 contra Mónica Rangel y Gabriel Salazar, con relación al supuesto fraude cometido en contra de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, en donde se utilizó a los propietarios de la empresa Quickshine, a la que presumiblemente le robaron su identidad, para cobrar 3.3 millones de pesos en dos horas, denuncia que fue congelada por Federico Garza.
Agregó que lo anterior refleja “el terrible encubrimiento que generó Juan Manuel Carreras, por lo que tarde o temprano quedará al descubierto toda la red que operaba en los Servicios de Salud, con fuertes desvíos de recursos, y que pueden llegar a embarrar al ex Gobernador y Alejandro Leal Tovías; una red de corrupción encabezada por Mónica Rangel”, sostuvo.
Expuso que está claro que muchas denuncias de tinte político fueron “congeladas” en la Fiscalía General del Estado por instrucciones del ex Mandatario Estatal, para encubrir toda la corrupción que se generó en su sexenio, por lo que pidió al nuevo Fiscal José Luis Ruiz Contreras reactivar esas carpetas de investigación que se encuentran pendientes y que todas lleven el mismo cauce, sin tintes políticos.
Asimismo, sostuvo que además de las denuncias en la Fiscalía General del Estado presentadas en el 2019, también existe una denuncia en la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT sobre las irregularidades que se detectaron en la Secretaría de Salud del Gobierno Carrerista, que en los próximos días estará rindiendo un informe con sus conclusiones.
El vocero de Ciudadanos Observado, enfatizó que las autoridades también realizan una investigación para poder comprobar si existen vínculos de negocios entre el Gabriel Salazar y el ex diputado local José Luis Romero Calzada donde se presumen irregularidades que pudieran ser consideradas delitos.
Recordó que Romero Calzada que es muy cercano a Gabriel Salazar, fue denunciado por la Fiscalía General de la República por robo de combustible y lavado de dinero y a inicios del 2019 le fueron congeladas varias cuentas bancarias asociadas al “huachicoleo”. Como Legislador fue acusado de ser parte de una red que utilizaba empresas fantasmas y por medio del robo de identidad y falsificación de firmas desviaron dinero público que era para gente de escasos recursos.
De acuerdo a información validada por la Auditoría Superior del Estado en la auditoría especial número AEFPO-D01-PL/2019 muestra que este ex diputado está relacionado con un presunto fraude de 734 mil pesos 997 pesos, tras ser señalado por 29 personas, de nunca haber recibido ningún apoyo y que sus firmas fueron falsificadas.
